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Abr, 2020

DESPOBLACIÓN Y COMERCIO RURAL (I): CENTRAL PÚBLICA DE COMPRAS

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Yo aún no tenía edad para ir al colegio y mi madre pasaba los días a jornada completa en colegios de la provincia, cuando los horarios se repartían en tediosas sesiones de mañana y tarde. Pasábamos los días al cuidado de la “tita” Sofi, algo menos que una madre pero más que una abuela. Son muchos los recuerdos, pero hay una imagen que emerge sobre las demás. El rato de la compra, o como ella decía, de los recados. De lunes a viernes, en un acto diario de devoción, cogía su carro y poníamos rumbo a la Plaza de San Andrés, donde teníamos todo lo que podíamos desear, la Carnicería de Mariano, el ultramarinos de Paco el “Cerillo”, la pescadería de Enrique, la mercería de Alcaraz y, ya a la vuelta por San Blas, la frutería de las “primas” y sus caramelos Sugus. A menudo entrábamos en ellas aunque no tuviéramos nada que comprar, simplemente como prueba de fidelidad. Nos conocían, los conocíamos, nos apreciaban, los apreciábamos. Pero no solo a ellos, a todo el conjunto de personas con las que nos cruzábamos cada mañana y con las que apenas nos unía un saludo, una conversación telegráfica y una despedida breve, y que con el tiempo han pasado a ser, en mi imaginación, personajes de mi historia. La vida ha rodado tanto desde entonces que los años han ido eliminando, una a una, todas esas tiendas que me moldearon durante mis años de guardería.

Memorias de Rochamapa

 

CENTRAL PÚBLICA DE COMPRAS: UNA MEDIDA NECESARIA PARA LA SUBSISTNECIA DEL COMERCIO RURAL EN UN CONTEXTO DE DESPOBLACIÓN

El objetivo de esta entrada es explicar una medida concreta enfocada a la subsistencia de los comercios al por menor que ofrecen a sus clientes productos de alimentación y de primera necesidad para el hogar (productos de limpieza, higiene personal, suministros de primera necesidad…). Por tanto, no es un artículo enfocado a la elaboración de un análisis concreto. Sin embargo, con el fin de contextualizar la medida que se expone, hemos optado por introducir algunos datos que explican el porqué de la propuesta.

 

 

EL COMERCIO RURAL UN ENFERMO PREPANDÉMICO

El comercio de proximidad, sin distinción de espacio geográfico, ya era un sector en riesgo de desaparición antes de la declaración del Estado de Alarma provocado por el COVID–19. La microempresas o profesionales autónomos que sustentan las tiendas tradicionales no compiten en igualdad de condiciones con las grandes plataformas de venta online, ni con las franquicias y superficies comerciales. El precio, la diversidad de oferta o las facilidades en el pago y en la devolución de las compras son algunos de los factores que empujan a las familias a ceder en la fidelidad hacia el comercio de su barrio, creando un hueco en los círculos concéntricos de dinamizan las economías en el ámbito local.

Esta situación se acentúa en los pueblos por una razón obvia. El mercado objetivo es muy limitado y, si las pocas personas que forman su bolsa potencial de clientes optan por otras modalidades su subsistencia es una quimera, debido a que existen unos costes fijos que es necesario afrontar al margen del número de posibles compradores que circulen a diario por la puerta del establecimiento.

Para observar la dimensión del problema nos limitamos a exponer datos extraídos de los dos últimos Atlas Socioeconómicos de Extremadura publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura o, en su caso, calculados a partir de ellos:

 

 

Sin noticias del COVID-19 en el horizonte, en un periodo de (solo) dos años, coincidentes con un contexto de crecimiento económico, Extremadura ha perdido 1.247 comercios de venta al por menor, 713 de ellos, en el entorno rural.

 

Si la comparativa se estableciera con el final de la primera década del siglo XXI, el impacto negativo sería aún más llamativo, pero hemos optado por señalar un periodo ultracorto para constatar que la regresión del pequeño comercio es un proceso todavía vigente.

Si bien no podemos establecer un dato científico, creemos que la situación es aún peor por dos razones:

  1. Son muchos los comercios que han cerrado sus puertas aunque se mantienen dados de alta en los registros de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria ya que no siempre es fácil cerrar formalmente una empresa. Esta realidad la hemos podido constatar a través del trabajo de campo desarrollado para diversos estudios en entornos rurales.El escenario post COVID 19 es imprevisible, y no parece que para bien.

Esta evolución del pequeño comercio nos enfrenta a la cruda realidad que se expone en el siguiente gráfico en el que llama la atención el desequilibrio existente entre provincias:

 

Según el gráfico, en Extremadura, existen 54 localidades en riesgo de perder todo tipo de actividad comercial, 12 de ellas ya la han perdido, y 56 sin establecimientos de alimentación.

 

 

UN AGRAVANTE: EL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

Los datos señalados en el epígrafe anterior, aun siendo negativos desde la perspectiva de la dinamización de la actividad económica en el entorno local, podrían entenderse como una consecuencia natural de la evolución de los tiempos, que han dado lugar a nuevos hábitos de compra y, con ello, a modelos de negocio no tradicionales. Sin embargo, al contextualizar la evolución del pequeño negocio en la realidad demográfica de Extremadura es cuando obtenemos una perspectiva completa de la profundidad del problema.

Según los datos publicado por el INE en enero de 2020 referidos al Padrón de Población de 2019, Extremadura cuenta con 388 localidades, de las cuales 217, es decir, el 56,96 % cuentan con menos de mil habitantes, que además presentan un alto grado de envejecimiento.

 

 

La desaparición del pequeño comercio se está produciendo en un contexto donde más de la mitad de las localidades de Extremadura cuentan con uno de cada tres habitantes con una edad superior a 65 años. Una gran parte de estas personas habitan en localidades de menos de mil habitantes, donde existe riesgo de perder por completo la posibilidad de adquirir productos en la misma población, presentan un nivel de alfabetización tecnológica limitado y un alto grado de rechazo a los nuevos sistemas de compras. A esto se ha de añadir la elevada dependencia del vehículo particular para realizar desplazamientos intermunicipales, debido a la precariedad del transporte público existente (?) en el medio rural como consecuencia de basar únicamente los parámetros de rentabilidad en términos económicos, los cuales, ofrecen números claramente deficitarios.

En este contexto, más allá de una actividad económica, las tiendas de productos de primera necesidad ofrecen un servicio social esencial en nuestros pueblos.

 

Ante esta premisa es de vital importancia promover medidas enfocadas a garantizar la pervivencia de la actividad comercial en las localidades menos pobladas de Extremadura y, cuanto antes se actúe, menor coste supondrá para las arcas públicas, debido a que si no se evita la caída del pequeño comercio de alimentación, en unos años, el suministro de productos de primera necesidad para este perfil de personas dependientes, que alcanzarán cifras próximas al 40 % de la población, tendrán que realizarse a través de “comercios públicos”, lo que implica asumir costes muy elevados.

 

 

¿POR QUÉ UNA CENTRAL DE COMPRAS?

Nota Aclaratoria: esta es una medida que proponemos por considerarla clave para la consolidación del comercio de proximidad, especialmente el ubicado en localidades de menor tamaño y, por tanto, con un menor número de clientes potenciales, al margen de contar con una actividad consolidada o sea de nueva creación. Su impacto se incrementaría de manera notable si, de manera paralela, se adoptan decisiones de carácter fiscal como declarar un IVA reducido al tejido productivo de localidades en riesgo demográfico.

Las dinámicas demográficas de las localidades menos pobladas de la región implica que, especialmente en aquellos establecimientos de marcado perfil tradicional (como, por ejemplo, los ultramarinos no pertenecientes a grandes cadenas o las panaderías artesanales), es muy difícil incrementar el nivel de facturación, ya que la variación de potenciales clientes (salvo en el periodo estival) es mínima y los hábitos de consumo de estos son muy estables, sin grandes alteraciones del gasto medio salvo en fechas señaladas. En este perfil de comercio, medidas enfocadas a mejorar el escaparatismo, a implantar estrategias de marketing o a incrementar la competencia digital no son efectivas, debido a que el problema radica en que, al margen del sistema de gestión que apliquen, cuentan con un techo de ingresos muy limitado.

 

Imagen 1. Pan Artesano – Panadería Virgen del Río (Talaván)

 

En este contexto, la revitalización de la actividad comercial precisa de medidas orientadas a contener el gasto de gestión, es decir, a incrementar el beneficio mediante la reducción en el precio de suministros y materia prima. Para conseguir una reducción tangible de costes, que repercuta en la calidad de vida del empresariado dedicado al comercio minorista, es necesario compensar el elevado grado de atomización que presentan las empresas, agrupar la demanda y, de esta manera mejorar la posición negociadora respecto a los/as intermediarios/as y empresas dedicadas al suministro de bienes y servicios.

Según lo expuesto con anterioridad, la creación de una central de compras para el comercio minorista del ámbito de actuación es una acción prioritaria para la revitalización del sector. En concreto, se define una Central de Compras y de Servicios (en adelante CCS) como: “Operador que, disponiendo de recursos económicos y personalidad jurídica propia, tiene por objetivo desarrollar actividades y prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han asociado a su organización mediante una reglamentación interna, para mejorar su posición competitiva en el mercado”.

 

 

LA IMPLANTACIÓN DE CENTRALES DE COMPRAS EN EXTREMADURA

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO

La propuesta de crear una Central de Compras se basa en incrementar la capacidad de negociación con los agentes mayoristas que suministran los productos básicos, por lo que se ha de optar por un ámbito territorial amplio pero que, a la vez, garantice la agilidad logística que requiere la actividad comercial. Trasladado a la estructura territorial de Extremadura:

  • Las Mancomunidades Integrales son un ámbito reducido, ya que no reúnen una masa de comercios rurales suficiente para alcanzar los objetivos que se plantean con esta medida.
  • Extremadura, obviamente sí reúne la masa crítica necesaria, pero podrían existir problemas de gestión logística y, por tanto, de suministro de los comercios con la agilidad que estos requieren para garantizar los productos de primera necesidad a sus potenciales clientes.

En base a ello, consideramos que el ámbito geográfico idóneo es el provincial y las entidades idóneas para liderar la iniciativa en base a su capacidad de gestión, estructura territorial y capacidad de acceso a las zonas rurales son las diputaciones. Un antecedente, que avala esta percepción, es la iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz de promover la compra de energía para posteriormente abastecer a los pueblos de la provincia que, si bien, es un proyecto con marcadas diferencias, sí se basa en el mismo principio de incrementar el volumen de adquisición para mejorar la posición negociadora.

Por tanto, se propone la creación de Centrales de Compras de ámbito provincial promovidas por las diputaciones, aunque coparticipadas por la totalidad de entidades públicas supramunicipales, ya sean de carácter local o regional.

 

ENTIDADES GESTORAS

Como se ha indicado, consideramos que las centrales de compras que se proponen han de estar gestionadas por las diputaciones provinciales, en base a su capacidad de gestión y la estructura ramificada con la que cuentan, lo que les permite ofrecer una imagen de proximidad a los comercios rurales, como beneficiarios últimos.

A esto se ha de sumar, que en la Extremadura Rural, especialmente en las localidades de menor tamaño, la percepción de la labor que desarrollan las diputaciones es muy positiva, lo que facilita generar el clima de confianza necesario para alcanzar los objetivos que se plantean.

 

Imagen 2. Comercio Rural de Alimentación (Montánchez)

Aunque existen diversas posibilidades que han de ser analizadas por la entidad que promueva la CCS, hemos considerado importante señalar las siguientes características principales de una CCS que han de ser tenidas en cuenta:

  • Ha de constituirse como un operador con personalidad jurídica propia.
  • Ha de contar con recursos económicos propios.
  • Ha de contar con una estructura propia de funcionamiento, lo que implica disponer de recursos humanos dedicados a la consecución de los objetivos planteados en el origen.
  • Aunque, dado el contexto de actuación, una figura jurídica basada en la economía social parece la idónea, es posible que adopte cualquier otra forma legal: Sociedad Limitada, Sociedad Anónima…, si bien, en cualquier caso, las acciones han de estar orientadas a mejorar la actividad de las entidades que la compongan de manera libre, voluntaria y con predisposición a la cooperación.
  • La CCS no puede garantizar la mejora del beneficio de las entidades asociadas ya que esta depende de la actividad particular de cada asociado, pero sí ha de fijarse que su objetivo principal es mejorar la capacidad competitiva de estos. Para ello es básico que:
    • Cuente con capacidad de negociación.
    • Tenga la posibilidad de garantizar las transacciones y realizar pagos centralizados.
    • Ha de establecer mecanismos estables de comunicación con las empresas asociadas.

 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

A modo de sugerencia describimos algunas de las fases que han de establecerse para la creación de las CCS:

Fase de preparación:

  • Promover un análisis sobre la viabilidad de la iniciativa, ya que esta depende, de manera necesaria, de la aceptación que tenga en el comercio de alimentación de las localidades objetivo. Este análisis de viabilidad ha de responder a preguntas como:
    • Proponer una estructura de funcionamiento.
    • Fijar unos criterios de acceso a las CCS.
    • Establecer un modelo de contrato de adhesión.
    • Estimar la inversión necesaria para la creación de las CCS.
    • Estimar, en función de las características del comercio objetivo, el umbral de establecimientos necesarios para garantizar la rentabilidad de CCS. Este factor es decisivo, ya que, a partir de la inversión inicial, el objetivo es que estas no generen un gasto adicional a las administraciones que participen en ella.
  • Analizar el retorno en términos económicos y sociales que puede alcanzar la iniciativa de cumplir los objetivos fundacionales.
  • Impulsar un programa de información y dinamización enfocado a promover el interés de los comercios objetivos.

Fase de Creación:

  • Diseñar y aprobar los estatutos y el modelo de gestión de las CCS.
  • Abrir un registro de comercios que solicitan su inclusión en la CCS que le corresponda.
  • Definir un sistema de indicadores para analizar el impacto de la CCS y, en caso de ser necesario, introducir mejoras en la gestión.
  • Una vez alcanzado el número de registros necesarios para superar el umbral de rentabilidad de la central de compras, impulsar el funcionamiento de la CCS atendiendo al modelo de gestión definido.

Fase de Consolidación:

  • Definir una estrategia para el crecimiento del impacto de la CCS, enfocada a sumar localidades y comercios a la iniciativa.
  • Definir y promover una estrategia de comunicación y extrapolación de experiencias.
  • Analizar la viabilidad de diversificar los productos objetivos a otras tipologías de comercio distintas a los de primera necesidad.

 

ESENCIA

A través de esta entrada, La Mirada de Innode propone una medida que considera necesaria para la sostenibilidad del comercio rural que oferta artículos de primera necesidad en localidades en riesgo demográfico. Está medida está enfocada a incrementar el beneficio de los negocios a través de la reducción de los costes de funcionamiento. Más allá del impacto sobre la dinamización de las economías locales, preservar esta tipología de comercio consideramos que es prioritaria por la función social que cumplen en un contexto de población muy envejecida con una capacidad de movimiento limitada. En el medio plazo, si no se frena la tendencia actual de desaparición de establecimientos, este será otro servicio que habrán de asumir las entidades públicas, incrementándose la cantidad de fondos que se habrán de asignar.

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